Esta foto no es de América del Sur: cómo Europa alimenta la estigmatización de toda una región

Hay palabras que no se limitan a describir la realidad, sino que organizan, a veces de manera insidiosa, la geografía moral de nuestras sociedades. La difusión del término cartelización en el debate público francés, en un contexto de reestructuración de las economías criminales y de creciente cobertura mediática de determinados grupos vinculados al narcotráfico, merece una atención particular. Pone de manifiesto hasta qué punto el lenguaje del crimen organizado puede cargarse de representaciones geográficas, culturales y políticas que exceden ampliamente su función descriptiva.

A primera vista, el término parece corresponder a una categoría analítica neutra: evoca la estructuración de las redes criminales, la concentración de las actividades ilícitas y la intensificación de las conexiones transnacionales. Sin embargo, su resonancia contemporánea remite casi de inmediato a un imaginario específico: el de los carteles latinoamericanos y, más particularmente, sudamericanos, a los que se asocian con frecuencia los daños sanitarios y sociales de la cocaína, la violencia armada extrema, la corrupción institucional y el poder de redes clandestinas consideradas tentaculares. La expresión «cartel sudamericano» funciona como una fórmula de dramatización que, por sí sola, evoca todo un repertorio de imágenes vinculadas con la barbarie extrema, las desapariciones, la corrupción generalizada y el control territorial, en contextos de descomposición de las estructuras territoriales y estatales.

Esta asociación no carece de fundamento histórico ni de pertinencia empírica cuando se refiere a organizaciones claramente identificadas. Sin embargo, se vuelve problemática cuando una referencia geográfica particular se transforma en una matriz general de interpretación del crimen organizado, como si América del Sur fuera, por esencia, el epicentro natural de la violencia criminal globalizada. El desplazamiento es sutil, pero sus implicaciones son considerables: detrás de la aparente neutralidad de un vocabulario técnico puede esconderse una atribución colectiva de identidad, mediante la cual un espacio geográfico y las poblaciones asociadas a él quedan reducidos, de manera persistente, a una representación dominante de la criminalidad. América del Sur deja entonces de ser percibida en la pluralidad de sus sociedades, sus trayectorias históricas y sus dinámicas culturales y económicas; pasa a convertirse, en el imaginario público, en una geografía del peligro, un territorio asociado espontáneamente con la ilegalidad y la violencia.

Esta reducción responde a un mecanismo de estigmatización que merece ser examinado con el mismo rigor que los propios fenómenos criminales. Si bien los cárteles son organizaciones delictivas cuyas actividades deben estudiarse y combatirse, no pueden erigirse en representantes simbólicos de sociedades enteras. Su existencia tampoco justifica que se asocie implícitamente a poblaciones nacionales o regionales con un imaginario colectivo que Netflix contribuye a construir con notable eficacia, mediante códigos visuales impactantes, una intensa dramatización y recursos narrativos de gran atractivo.

La dificultad reside precisamente en esta confusión entre una organización y un territorio, entre actores criminales concretos y los imaginarios colectivos que su evocación suscita. A medida que el término cartelización se impone en Europa, existe el riesgo de que reactive antiguas representaciones que sitúan la violencia, la irracionalidad y el desorden en determinadas regiones del mundo, mientras que otras siguen asociándose con la racionalidad institucional y la modernidad económica y política.

Esta distribución simbólica no es inocua ni históricamente neutral. Se inscribe en una larga tradición de jerarquización de los espacios de la criminalidad. El crimen transnacional se presta especialmente a este tipo de representación: al atravesar fronteras, permite presentar la amenaza como un fenómeno procedente del exterior, como una fuerza extranjera que penetraría en el espacio nacional. Dentro de esta narrativa, la diversidad de América del Sur queda reducida a la figura del narcotraficante, llevada hasta la caricatura, mientras que Europa aparece como un territorio expuesto, obligado a defenderse de una criminalidad cuyo origen sería esencialmente extranjero. Sin embargo, semejante oposición simplifica abusivamente las interdependencias económicas y políticas que estructuran los mercados ilícitos.

Las economías criminales no se desarrollan al margen de los espacios por los que circulan los capitales, donde se concentran los mercados de destino y se organizan las redes de distribución. El narcotráfico, en particular, no puede comprenderse únicamente a partir de los territorios de producción o de las organizaciones que operan en ellos: también implica mercados de consumo, circuitos financieros, intermediarios comerciales y mecanismos de lavado de dinero cuyas ramificaciones afectan, en primera instancia, a las propias economías europeas.

El concepto de cartelización, sumamente interesante desde una perspectiva orientada a comprender ontológicamente el fenómeno criminal en su conjunto, no debe reducirse, bajo la influencia de los medios de comunicación, a una realidad cinematográfica esencialmente importada, que privilegia una parte de la cadena criminal en detrimento del conjunto de relaciones que permite su funcionamiento y rentabilidad. Las figuras arquetípicas del narcotraficante fijan en el imaginario colectivo una representación homogeneizadora de América Latina que genera una asimetría en la mirada. Esta asimetría produce un efecto político particular: tiende a externalizar el origen del problema y, al mismo tiempo, a minimizar las responsabilidades existentes en los territorios donde las actividades ilícitas encuentran sus mercados de destino y sus redes de apoyo.

Así, la estigmatización de América del Sur no se limita a ofrecer una representación degradante de todo un continente; también funciona como un escudo narrativo para las sociedades europeas, que pueden concebirse ante todo como receptoras de una amenaza exterior, en lugar de reconocerse como componentes de un sistema criminal interdependiente. Evidentemente, no se trata de negar las diferencias entre las distintas configuraciones nacionales ni de situar artificialmente en un mismo plano a organizaciones criminales con historias, recursos y estructuras diferentes. Se trata, más bien, de recordar que la procedencia de un actor o de una organización no basta para explicar la naturaleza de sus actividades, del mismo modo que el origen de un producto ilícito no permite, por sí solo, comprender las condiciones de su incorporación a un mercado determinado. Un concepto pertinente debe esclarecer mecanismos observables, no limitarse a evocar representaciones preexistentes. Cuando se convierte en un sinónimo global de la amenaza, corre el riesgo de transformar una referencia organizativa en un marcador geográfico y, posteriormente, ese marcador geográfico en un factor de sospecha colectiva.

Los carteles no representan a América del Sur: son actores criminales insertos en contextos específicos, cuyo análisis exige reconstruir las condiciones históricas de su surgimiento, sus lógicas económicas y sus relaciones de poder. Del mismo modo, las sociedades sudamericanas no pueden reducirse a los fenómenos de violencia que atraen la atención de los medios internacionales. También son espacios de producción intelectual, movilización democrática, transformación institucional y resistencia frente a las economías criminales. Encerrarlas en una representación exclusivamente securitaria equivale a invisibilizar las dinámicas sociales que contradicen esa imagen y, al mismo tiempo, a reproducir una jerarquía implícita entre los territorios que se consideran dignos de ser comprendidos en toda su complejidad y aquellos que se cree posible resumir a través de sus crisis.